Ulla desgranó algunas de las preguntas que articularon las mesas y conversatorios que tuvieron lugar a lo largo del día. Cuestiones, admitió, que “no son sencillas de resolver”, por ejemplo: “¿A cuántos de nosotros y nosotras nos gustaría vivir en un cohousing cuando seamos mayores? ¿Estamos dispuestos a que las normas de nuestra casa sean decididas en grupo, por ejemplo, si podemos tener mascota”?

En relación con los cuidados, el tema central de esta jornada, Sara Ulla señaló que como consecuencia de la longevidad y de la alta prevalencia del Alzheimer y otras demencias, “muchos de los que estamos aquí por desgracia necesitaremos cuidados las 24 horas del día durante un tiempo prolongado”, algo que lleva a una pregunta incómoda: “¿Quién lo paga?”, un interrogante que en el ámbito del cohousing se traduce en: “¿estamos dispuestos a pagar más para que los cuidados se costeen de manera mancomunada o tiene que pagarlo cada uno?”.

El derecho a los cuidados: el papel de la Administración

“Los cuidados son un derecho y ese derecho tiene que estar garantizado con independencia de donde vivíamos y con quién”, aseguró la coordinadora de estudios del Imserso. Esta es la razón por la cual la Administración tiene también una parte importante de responsabilidad en la configuración del cohousing para toda la vida.

“Es complicado y muchas veces tenemos más preguntas que respuestas”, admitió Sara Ulla, que a renglón seguido apuntó: “Es claro que, si queremos evitar la institucionalización, tenemos que estar viendo cuáles son los avances en los cohousing y en tantas otras alternativas que están surgiendo como opciones de viviendas: casas compartidas, propuestas intergeneracionales, otro tipo de comunidades, de maneras de vivir cuando nos hacemos mayores”.

En relación con el deseo manifestado repetidamente por una mayoría de la población de seguir viviendo en su casa o como en su casa cuando envejece, Ulla defendió que, en el caso del cohousing, ese como en casa no puede implicar los mismos retos que cuando uno está en domicilio (un domicilio, se sobreentiende, que no reúne las condiciones de accesibilidad, apoyos, etc. para seguir siendo una opción de vida segura y digna).

“De lo que se trata es de que si uno está viviendo en el cohousing y necesita cuidados porque tiene una demencia, una discapacidad física importante, Alzheimer… que no ocurra eso que ocurre en nuestras casas: ya no podemos proporcionarte cuidados, ahora tienes que irte con tu familia, a una residencia o a otro tipo de recurso. A mi juicio ese es uno de los grandes retos”, destacó.

El cohousing: un ejercicio de planificación y toma de decisiones sobre la vida y sus cuidados

La complejidad de las viviendas colaborativas para toda la vida viene dada, según destacó Sara Ulla, por la suma de decisiones que es necesario tomar en distintos planos: personal, grupal, comunitario y con la Administración.

A nivel personal, cada cual “tiene que decidir cómo quiere vivir, qué cuidados quiere recibir, de quién, cómo, y además esto debe hacerse de manera anticipada para que nuestras decisiones sean respetadas incluso en el caso de que no podamos verbalizar nuestras decisiones o ya no podamos tomar nuestras decisiones”, señaló.

También están las decisiones grupales, internas de cada cohousing, y externas, con las familias y la comunidad. En esta dimensión comunitaria, Ulla destacó que “el cohousing es un motor para lo que ocurre fuera del cohousing”.

Por último, el Y hay otro plano que es con la Administración, Hay muchos planos y no es sencillo, pero ese camino hay que recorrerlo. Es el camino que tenemos que recorrer juntas y juntos para conseguir que, cuando sea, no solamente dentro de los cohousing esto esté solucionado, sino que además en algún momento la normativa tendrá que avanzar y flexibilizarse para poder proporcionar en último término los cuidados de calidad y los necesarios.

En relación con las preguntas planteadas por Sara Ulla en la apertura de la jornada, adelantó que probablemente surgirían más a lo largo de la jornada, también quizá “alguna respuesta”, pero pidió “calma” en este primer encuentro de las Comunidades de Cuidados, al que seguirán otros para continuar “reflexionando conjuntamente, que es lo que pretendemos”.

Javier del Monte subrayó que el proyecto Comunidades de Cuidados está centrado en las personas mayores aunque, evidentemente, su planteamiento en torno a la idea de entornos cuidadores beneficia al conjunto de la población.

En su exposición hizo un recorrido por el mapa de Comunidades de Cuidados, “que continúa creciendo” y que se desarrolla en 9 Comunidades Autónomas. Se trata de una iniciativa de la Asociación Jubilares, la asociación Andecha y la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y está impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dentro del Componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation.

Nuestra visión es “propiciar un cambio cultural a partir de la implementación de experiencias piloto de alternativas residenciales y cuidados comunitarios desde los que se pretende ofrecer referentes”, destacó. El objetivo es “probar la viabilidad” del cohousing para toda la vida “y los referentes sois vosotras, las personas que participáis en estos proyectos”, afirmó. Por eso es importante tener encuentros de este estilo para poder dialogar entre todas.

“El gran objetivo del proyecto es normalizar este tipo de entorno cuidador y sistematizar lo que podamos aprender para conseguir dar ejemplo a la Administración y a otras iniciativas”, resumió.

Impulso y evaluación del cohousing, redes de apoyo en entornos rurales y generación y difusión del conocimiento, líneas de trabajo del proyecto

Javier del Monte presentó las cuatro líneas de trabajo del proyecto:

1. Impulso al cohousing en proceso, cuenta con siete cooperativas implicadas: Abante Jubilar Sevilla, Alicante Ágora Cohousing, Alicante Convivencia, Axuntase, El Ciempiés Cohousing, Jubilar Villa Rosita y Walden XXI.
2. Evaluación de las cooperativas que ya están funcionando para obtener evidencias sobre el impacto del cohousing en la calidad de vida de sus integrantes.
3. Cuidados en los entornos rurales, partiendo de diagnósticos y planes de acción local elaborados de manera participativa. Se desarrolla en seis pueblos: Casas del Castañar, Eljas y Santa Cruz de la Sierra en la provincia de Cáceres; Fresnedillas de la Oliva (Comunidad de Madrid); Maranchón (Guadalajara), y Muñoveros (Segovia).
4. Coordinación, comunicación y gestión del conocimiento para visibilizar evidencias, apuntar cambios normativos y herramientas de todo tipo que faciliten que puedan realizarse nuevas experiencias.

“Las cooperativas de la línea 1 [impulso al cohousing] estáis creando vuestras propias estrategias de cocuidado y esto puede servir de ejemplo para otras”, señaló. Además, adelantó que en el marco del proyecto se van a crear guías de apoyo a partir de la información que podamos extraer para compartirla con el conjunto de la ciudadanía (tanto comunidades de cohousing como población general).

El elemento diferenciador del cohousing es el hecho de que se trata de una “comunidad intencional” que parte de la autogestión. Según expuso Javier del Monte, esto algo que diferencia esta línea de trabajo de la que tiene lugar en entornos rurales en los que, en ocasiones, hay una actitud más de “receptora de servicios”. Por este motivo, en los pueblos la labor de Comunidades de Cuidados —precisó— tiene que ver con “facilitar una mayor participación”.

“El punto de confluencia de las dos líneas está en la cogestión; de la autogestión de un grupo de cohousing que quiere contar con el apoyo de la Administración o de otros agentes para poder cogestionar servicios y en las comunidades rurales igual, personas que viven en el pueblo que con ayuda de otras personas y con su propia iniciativa pueden cogestionar servicios”, explicó.

En todos los casos, de lo que se trata es de “propiciar la permanencia en el hogar todo el tiempo que sea posible, en todas las comunidades de cuidados en las que estamos trabajando”, subrayó el coordinador del proyecto.

Las hipótesis de trabajo de las Comunidades de Cuidados

Javier del Monte presentó en la jornada las tres hipótesis de trabajo sobre las que se estructura todo el proyecto. La hipótesis marco es que los cuidados en la comunidad, con enfoque de atención integral y centrada en la persona y la participación activa en el diseño de estrategias de cocuidado mejoran la calidad de vida y previenen la institucionalización. “¿Es cierto, vamos a conseguir evidencias? Estamos intentándolo con este proyecto”, señaló.

La segunda hipótesis plantea el cohousing para toda la vida, es decir, que es posible vivir en el hogar hasta el final. “Hay iniciativas de cohousing, incluso de cohousing sénior desde hace décadas en otros países, que no contemplaban en casi ninguno de los casos permanecer ahí cuando las cosas se complican. La hipótesis es que sí es posible”. A renglón seguido, planteó: “¿Qué implica eso? Tenemos que ver todos los retos que supone, pero muchas de vosotras, las personas que estáis embarcadas en estos proyectos decís: “si yo me meto en este lío es para vivir hasta el final, a ver cómo nos organizamos”.

La tercera hipótesis es que las personas mayores en el medio rural son capaces de diseñar estrategias de cocuidado con base comunitaria para favorecer el sentido de comunidad, la permanencia en el hogar y la participación en la gestión y gobernanza de la cartera de servicios de apoyos y cuidados. Como en las anteriores, Javier del Monte apuntó: “Estamos trabajando para ver que esto es posible”.

Toda la información de Comunidades de Cuidados está disponible en la página web: www.comunidadesdecuidados.org

Un ecosistema de innovación para transitar hacia un modelo de cuidados comunitarios

Tal y como expuso Javier del Monte, Comunidades de Cuidados es uno de los 20 proyectos piloto orientados a hacer posible la desinstitucionalización mediante un nuevo modelo de cuidados comunitarios centrados en la persona. Estos proyectos están dirigidos a personas con discapacidad, en situación de sinhogarismo, menores de edad y jóvenes y personas mayores.

“Se trata de propiciar el cambio en el modelo de cuidados y los servicios sociales” que, en el caso de las iniciativas de Comunidades de Cuidados, tiene más bien la finalidad de “prevenir la institucionalización”, precisó del Monte.

“Estamos creando un ecosistema de innovación”, aseguró en referencia al conjunto de proyectos, al tiempo que destacó el papel de la Plataforma VIDAS en la integración de todo el conocimiento que se está generando.

Blanco describió estas viviendas como “una alternativa válida, no la única, no la mejor necesariamente, y probablemente apetecible y necesaria que junta bondades de la vivienda en propiedad o en familia y la vivienda en alquiler o en residencia (en el caso de los proyectos sénior)”.

Entre estas bondades, destacó que el modelo permite la estabilidad de la propiedad que no da el alquiler, la movilidad que ofrece el alquiler y no nos da la propiedad, una posibilidad de retorno parcial de lo que hemos aportado (que no permite el alquiler, pero sí la propiedad) y, además, brinda la posibilidad de entrar en una comunidad convivencial sin una carga financiera tan elevada como la propiedad.

Entre las ventajas de las viviendas colaborativas también citó que se sitúan al margen del mercado, razón por la cual las entradas y las salidas no van a depender del valor de mercado, así como su contribución social: “Aportamos comunidad y salud, así como cuidados y jubilación activa en el caso de las sénior”, afirmó el representante de REASS.

Javier Blanco detalló las características principales que se está intentando que impregnen los proyectos de la vivienda cooperativa en cesión de uso, características que —a su juicio— otorgan “la legitimidad para pedir a las Administraciones que apoyen a estos proyectos a tirar para adelante de manera más sencilla”. Son las siguientes:

• Sin ánimo de lucro.
• Autopromoción.
• Libres de especulación, asequibles e inclusivas.
• Cuidado del medio ambiente (sostenibilidad, eficiencia).
• Creación de comunidad.

En las sénior, además, hay otras características adicionales, apuntó Blanco, como una “arquitectura mucho más adaptada” para dar respuesta a sus necesidades de acompañamiento y cuidados, más destacadas —en su opinión— que en las comunidades intergeneracionales y “apoyo profesional a la medida” no solo para los cuidados, sino para favorecer la convivencia, ayudar en la resolución de conflictos, etc.

“Estamos en una sociedad en que la convivencia no se ve favorecida en el aspecto de solidaridad, apoyo mutuo, colaboración; hay muchos inputs que nos llevan al individualismo, la independencia, etc.”, por eso es importante el acompañamiento grupal.

Impacto social y el necesario apoyo de la Administración

Javier Blanco enumeró los factores que explican el impacto social positivo de este modelo:

• Favorece el acceso a la vivienda haciéndolo más asequible.
• Mejora la salud, el bienestar y retrasa la dependencia.
• Facilita los cuidados en un sentido amplio.
• Es sostenible medioambientalmente.
• Reduce la presión y sobrecarga de los servicios públicos.
• Mejora la resiliencia.
• Fomenta la cooperación y la solidaridad (frente, por ejemplo, al fenómeno de la soledad no deseada).
• Pone la economía al servicio de las personas al renunciar al lucro.
• Enriquece el entorno abriéndose a la vecindad.

Todo esto, reiteró Blanco, “nos legitima para pedir muchísimas cosas a la Administración, porque pensamos que aportamos mucho a la sociedad”. Dichas peticiones se han sintetizado en un catálogo de medidas que el ponente enumeró en su intervención y que, según dijo, “en algunos casos, ya se están empezando a implementar”:

1. Extender las ayudas al alquiler a las cuotas que se pagan en concepto de cesión de uso.
2. Extender las ayudas para el coste de construcción o rehabilitación.
3. Conseguir, a efectos urbanísticos, una consideración especial de los espacios comunitarios.
4. Lograr un sistema de garantías públicas que permitieran el acceso a la financiación de las entidades bancarias.
5. Obtener un IVA superreducido del 4% en la construcción por el interés social de estos proyectos.
6. Lograr un estatus como cooperativas “especialmente protegidas”.
7. Incluir el modelo en la cartera de servicios sociales a todos los niveles, cuando hablamos de las cooperativas sénior.
8. Facilitar suelo público en régimen de derecho de superficie donde sea posible.
9. Obtener recursos y difusión para impulsar el modelo.

“Son muchas peticiones, de poco coste —no desde luego a un coste superior a lo que se está dando a otros modelos— y de poca dificultad”, aseguró el representante de REASS.

Hacia un movimiento más coordinado y reforzado

A nivel interno, destacó el trabajo de coordinación y refuerzo que está llevando a cabo el movimiento de las viviendas cooperativas en cesión de uso, que se desarrolla paralelamente a los procesos de construcción de cada cooperativa. Esta labor se ha concretado en los siguientes pasos:

• Creación de un grupo de trabajo estatal en el marco de REASS, en el que participa Jubilares, una de las entidades que promueve Comunidades de Cuidados.
• Creación de grupos de trabajo y coordinaciones autonómicas (por ejemplo en Madrid).
• Consolidación de acompañamientos profesionales interdisciplinares “que permitan que los grupos que comienzan a soñar con estos proyectos puedan desarrollarlos más fácilmente”, aseguró.
• Mapeo de experiencias, recursos y soluciones “para que cuando nos encontremos con un problema, con una dificultad, podamos buscar cómo lo han solucionado otras experiencias”.
• Encuentros de intercambio de conocimientos, como esta misma jornada.
• Labor de incidencia política para conseguir la colaboración y las aportaciones públicas, no únicamente económicas.

Javier Blanco valoró los avances que se han producido en torno al modelo, en primer lugar desde el ámbito normativo. “Cada día más definido desde un punto de vista legal, en distintas normativas, qué son estas cooperativas de vivienda en cesión de uso o viviendas colaborativas en cesión de uso”, afirmó.

También destacó que ahora existe mucho más conocimiento del modelo. “Se ha pasado casi del desconocimiento total a la moda, muchas personas han oído hablar de lo que es esto”, señaló.

El representante de REASS subrayó que “se están consiguiendo apoyos” a nivel institucional y citó, como ejemplo de los avances con los distintos niveles de Gobierno, la financiación específica para la cesión de uso que contempla el Plan Estatal de Viviendas, las ayudas de algunas Comunidades autónomas (es el caso de Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana) y la “cada día mayor implicación municipal”.

Tras el trabajo realizado con distintas entidades financieras, “que inicialmente desconocían y recelaban de este modelo”, parece que se ha avanzado en la forma de financiar estos proyectos, al menos por parte de entidades vinculadas a la economía social, como Fiare y Coop57.

Javier Blanco también se refirió a los avances en la investigación para mejorar el conocimiento sobre las fórmulas y opciones que tienen a su disposición quienes están trabajando en un proyecto de vivienda colaborativa.

Blanco terminó su exposición citando los dos grandes retos que —aparte de los propios del cohousing sénior— se presentan a corto plazo: “mejorar la asequibilidad económica” para facilitar el acceso también a personas con menos recursos económicos y “máxime cuando estamos hablando del modelo sénior, donde no solamente es el esfuerzo constructivo, sino que va a ser después el esfuerzo para el coste del acompañamiento en la dependencia”, recalcó.

El segundo reto es reducir los tiempos de desarrollo de los proyectos de vivienda colaborativa para “evitar que tarden seis, siete… quince años desde que empezamos a soñarlos hasta que terminamos conviviendo”.

Para afrontar estos retos, Blanco señaló que es fundamental que confluyan el apoyo de la Administración Pública y el fortalecimiento organizativo del propio movimiento.

Cada vez más personas queremos envejecer “de otra manera”

Como punto de partida de su ponencia, Daniel López planteó una diferencia esencial para entender lo que es el cohousing sénior —o, en todo caso, el modelo de cohousing sénior en torno al cual trabaja Comunidades de Cuidados y que ha sido también el objeto de estudio de este experto durante los últimos años—: no es lo mismo hablar de “comunidades de mayores” que de “envejecer en comunidad”. Envejecer en comunidad tiene que ver con “ envejecer de otra manera”, algo que se plantea cada vez más gente en nuestros días. Conectando con este deseo mayoritario, el mundo de la gerontología considera que “envejecer de otra manera es envejecer en comunidad” y una de las fórmulas para ello son las viviendas colaborativas para mayores o cohousing sénior. El cohousing sénior implica “envejecer intencionalmente juntos”, precisó Daniel López, y contempla aspectos como la participación social, la autogestión y la vida independiente, concepto este último “muy importante en el ámbito de la discapacidad pero que cada vez más se traslada al ámbito del envejecimiento”, subrayó. El profesor de la UOC hizo referencia a dos cambios sociales de gran calado que explican en cierta medida el creciente interés en el cohousing sénior: las relaciones sociales posfamiliares y poslaborales. “En el mundo en el que vivimos la familia ya no es el espacio de cuidados sostenible y tampoco el espacio de la sociabilidad una vez ha pasado la jubilación. Entonces, ¿qué hacemos, cuando la familia ya no está, con las relaciones sociales?”, se preguntó. Respecto al “postrabajo”, la cuestión es determinar qué ocurre cuando se pone fin a la vida laboral, teniendo en cuenta que “las relaciones sociales siempre han estado muy articuladas, sobre todo en el caso de los hombres, en el mundo laboral”. Además de las relaciones sociales, las transformaciones sociales en marcha tienen una gran repercusión en el ámbito de los cuidados. Hasta el momento, existían dos alternativas para organizar colectivamente los cuidados: lo institucional y el cuidado familiar (que es todavía el preponderante en España). ¿Qué sucede con un modelo institucional en crisis y una familia que está dejando de ser el espacio de cuidados que fue?

Envejecer en comunidad: la importancia del capital social.

Frente a la opción de envejecer en una institución, ha ido ganando terreno el modelo de envejecimiento en el lugar (o en casa), traducción del término inglés ageing in place. Pese a las ventajas de esta segunda opción, Daniel López se hizo eco de la crítica que hacen desde la gerontología: quedarse en casa es una alternativa viable en la medida en que la persona tiene “capacidad para contratar servicios” y que, además, “haya una red de recursos de cuidado domiciliario que te permitan seguir en casa”. Esta crítica se fundamenta en que “el concepto de envejecimiento en el lugar trabaja muy poco en el capital social”, un elemento fundamental para hacer posible el envejecimiento en comunidad. “Necesitamos los servicios, pero tenemos que construir un lugar que sea rico socialmente, donde el capital social, las relaciones sociales se siguen estimulando y siguen creciendo —recordó el ponente—, esa es la idea del envejecimiento en comunidad”.

El cohousing sénior: infraestructura física, infraestructura social y perspectiva de género

El cohousing sénior, como claro exponente de envejecimiento en comunidad, conlleva múltiples dimensiones que implican un trabajo intenso. Por un lado, para construir la infraestructura física: diseño del edificio, tecnología, ubicación, cuestiones económicas, etc. pero también “la infraestructura social” que “tiene que ver con el grupo, cómo construimos las relaciones, los acuerdos, la convivencia, las actividades que se hacen…” explicó Daniel López. “Estas dos infraestructuras son igualmente necesarias, igualmente importantes”, aseguró. Sin embargo, por distintas circunstancias, “los grupos privilegian una de las dos”. Así por ejemplo, es habitual que se contraten servicios para la física y se dé por hecho que para la social no es necesario. Además, Daniel López destacó que en la dedicación a una y otra se aprecia una clara diferencia de género: “Hay una división sexual del trabajo, los hombres van a lo físico y las mujeres a lo social”. Esta diferencia de género se traduce también en que son mujeres las que asumen principalmente los trabajos domésticos en un cohousing. La principal diferencia es que, a diferencia del domicilio habitual, en el cohousing se aprecia un mayor desplazamiento de esas tareas hacia personal contratado (mujeres, fundamentalmente). Daniel López advirtió de que en las viviendas colaborativas pervive una estructura familiar que permanece inmutable, en virtud de la cual “la responsabilidad de cuidados tiene mucho que ver con el género, el patriarcado”. En todo caso, explicó, “los cohousing pueden ser muy buenos para ayudar a las mujeres a tener tiempo para otras cosas gracias a algún servicio contratado”. De hecho, este es el origen del cohousing, según recordó: “El cohousing surge en Suecia como un invento para las mujeres burguesas para liberarse de una parte de las tareas domésticas para educarse, hacer política, etc.”. Cuestión de género y, como se ve, también de clase social. En cualquier caso, vivir en una de estas comunidades no implica repartir los cuidados automáticamente. “No es mágico. Hay relaciones de poder que marcan y siguen funcionando independientemente de si estás en tu casa o en un cohousing”, concluyó López.

Un experimento social… también en Dinamarca

Para explicar la complejidad de este modelo, Daniel López hizo referencia al carácter experimental del cohousing sénior. “Es un experimento social porque no hay una pauta, no hay un modelo rígido. Además, es un experimento a nivel de las personas, porque es una aventura: la gente quiere vivir en comunidad pero en realidad no sabe lo que es eso, no han vivido en comunidad la mayor parte de ellos”, afirmó. Esta característica del cohousing se da también, según explicó el investigador de la UOC, en un país como Dinamarca, donde está muy establecido, cuenta con un mercado muy claro y el apoyo de muchos municipios. Sin embargo, “apenas un 2 % de las personas que vivían en un cohousing intergeneracional (cuando tenían hijos, etc.) han pasado al sénior cuando envejecen” explicó Daniel López*. * Pedersen, M. (2013) The great experiment: everyday life in senior cohousing in Denmark [El gran experimento: la vida cotidiana en el cohousing sénior en Dinamarca]. Universidad Aalborg.

Una radiografía del cohousing en España

De acuerdo con los datos que expuso Daniel López, en España hasta 2021 se produjo un incremento enorme de grupos en formación (45 %), tanto en Comunidades autónomas donde ya había como en aquellas en las que previamente no existía ninguna iniciativa. En esta evolución se aprecia un cierto “efecto llamada” a partir de los proyectos pioneros (2009-2015) hasta llegar a los de segunda ola a partir de 2015. El hecho de que haya más grupos en formación es un dato positivo, destacó este experto, como también lo es que haya más facilitación. “Hay un conocimiento más profesionalizado que puede ayudar a grupos nuevos”. No obstante, advirtió de que todavía “hay muy pocos construidos”. Una de las razones es que, de media, los proyectos tardan diez años en hacerse realidad. En este punto, Daniel López constata una paradoja: “Lo curioso es que uno podría pensar, cuantos más haya, más conocimiento habrá y por tanto se van a acortar los plazos, pero no: pasamos de 9 a 13 años”. Las razones tienen que ver con tres grandes obstáculos de sobra conocidos: encontrar suelo, los aspectos legales y normativos y la financiación. Por otro lado, y de acuerdo con los datos disponibles, la mayoría de los grupos proceden de contextos urbanos y prefieren espacios urbanos para llevar adelante su cohousing. Esto, unido a la tendencia a formar comunidades más pequeñas (20-30 personas), dificulta el desarrollo de los proyectos por razones económicas. Como se puso de manifiesto repetidamente a lo largo de la jornada, el principal problema para el desarrollo de las viviendas colaborativas es el precio del suelo y el acceso a la vivienda. Este obstáculo se ha ido complicando paulatinamente de la mano de los cambios demográficos. Como señaló Daniel López, los grupos de cohousing de ahora son diferentes a los de la primera ola, que ya conviven. Esas diferencias también tienen que ver con aspectos económicos y, en concreto, con el descenso constante de las rentas. “La idea de persona mayor que tiene un piso en propiedad y con esto puede hacer la inversión necesaria, se acaba ya —afirmó—. Se va a hacer más complicado a no ser que la Administración apueste por el modelo y empiece a tomar cartas en el asunto”.

Perfil de las personas mayores que deciden formar parte de un cohousing

La investigación sobre el cohousing llevada a cabo por Daniel López le ha permitido extraer múltiples datos para entender qué tipo de personas deciden formar parte de un proyecto de cohousing. El primero de ellos es que son mayoritariamente mujeres, 62,8 %. Resulta igualmente interesante constatar que el 77 % de los hombres están en pareja. La homogeneidad en el caso de los varones se contrapone al perfil más heterogéneo de las mujeres, que presentan un amplio abanico de situaciones: divorciadas, solteras, etc. La mayoría de estas personas pertenecen a la clase media, con ingresos medios y un “capital cultural bastante alto”, ya que la mayoría tiene estudios universitarios. En esto también se aprecia un cambio, señaló el profesor de la UOC: “empieza a ver más personas sin estudios universitarios”. La mayoría de la gente se plantea esta opción cuando está a punto de jubilarse. Por ello, la media de edad en los cohousing es de 65 años (75 en los que ya están viviendo). Respecto a las motivaciones, la principal es que estas personas “quieren una alternativa al envejecimiento en casa pero también quieren una alternativa a la institución”. Hay un cierto “terror a las residencias”. La razón, según explicó Daniel López, es que estamos ante una “generación bisagra”, un grupo poblacional que “cuidó de sus padres pero que tuvo que llevarlos a una residencia”. Esto, explicó, “se vive mal y uno no quiere acabar de la misma manera”. El análisis cruzado de las motivaciones para vivir, montar o estar en un cohousing y las características sociodemográficas, arroja tres grandes motivaciones, según expuso Daniel López:

1. Tercera edad activa: estas personas perciben la vida en comunidad como una etapa de enriquecimiento personal. Sus preocupaciones tienen que ver con “mantener la autonomía”, pero no están pensando en “la cuarta edad” (es decir, en la aparición de situaciones de dependencia y necesidad de cuidados asistenciales). Este perfil, a diferencia de los otros, no presenta ningún rasgo sociodemográfico relevante.
2. Otro grupo de personas, fundamentalmente hombres, a los que no les interesa tanto la vida comunitaria ni la transformación social, sino que están un poco preocupados por prevenir la soledad. “Quieren autonomía personal —precisó López— pero quieren sobre todo asegurarse un entorno adecuado y servicios”. Este grupo sí que piensa en los cuidados y quiere “tener el control de los cuidados”, siguiendo el concepto de “vida independiente”.
3. “Envejecimiento comunitario stricto sensu. Esta tercera categoría la forman personas que entienden la comunidad como un espacio de “crecimiento y apoyo mutuo, que quieren evitar la soledad”. Además, asumen un compromiso de transformación social “muy vinculado con la vejez”, lo que se traduce en una serie de aspiraciones que tienen que ver con una nueva “reconceptualización de lo que significa ser mayor hoy en día”. López puso voz a estas aspiraciones: “queremos que nos traten de otra manera, no queremos que nos medicalicen demasiado, mucha gente está metida en la cuestión de la muerte digna”. Para estas personas, mayoritariamente mujeres con estudios universitarios, “la autonomía es muy importante, pero también los servicios”. Las mujeres sin estudios universitarios muestran entusiasmo pero no un modelo tan definido como las anteriores.

Además de esta diversidad de perfiles personales, la investigación de Daniel López con quienes ya están viviendo en un cohousing corrobora que la experiencia es positiva: el 60 % de las personas creen que las condiciones de vida son mejores respecto a las que tenía justo antes de irse a vivir al cohousing, particularmente la gente de más de 75 años. El 80 % piensa que está viviendo mucho mejor si se compara con personas de su misma edad que no están en una vivienda colaborativa (especialmente los hombres); el 70 % se siente mucho menos sola/o desde que vive en una vivienda colaborativa, y el 94 % recomendaría a otras personas en una situación similar a la suya que se muden o desarrollen un proyecto de vivienda colaborativa (a pesar de la dificultad que entraña).

El gran desafío: “cómo envejecer con cuidados sin que se convierta en una institución”

¿Las viviendas colaborativas o cohousing son una fórmula adecuada para la “cuarta edad”? En este punto, Daniel López defendió que el principal problema no radica en tener que irse de un cohousing a otro recurso en caso de presentarse una situación de dependencia. “El fallo —remarcó— es convertirse en una residencia”. Así se lo han transmitido numerosas personas que llevan tiempo viviendo en un cohousing: su mayor desafío es “cómo envejecer con cuidados sin que se convierta en una institución asistencial”. Este es uno de los grandes retos del cohousing. Para evitarlo, recalcó la importancia de que este tipo de viviendas sean cooperativas porque “la dirección tiene que estar en manos de las personas mayores” para asegurar una gobernanza democrática. “Si la dirección pasa a manos de los profesionales, de la gente que cuida —advirtió—, seguramente eso acabará siendo una residencia. Los profesionales tienen que seguir las directrices de los cooperativistas. Es el principio de autogestión y de vida independiente”.

Cuidados, pero ¿qué cuidados?

Tal y como planteó al comienzo de su exposición, Daniel López centró una parte de la misma en determinar el modelo de cuidados en el cohousing. Para ello, se hizo eco de los resultados de las entrevistas realizadas a lo largo de su labor investigadora, que arrojan un titular claro: “el cohousing es para evitar la soledad y para la tercera edad, es decir, cuando no hay dependencia, no hay cuidados y para las relaciones sociales. Es algo necesario mientras estoy bien y, si se forma un grupo interesante, con apoyo mutuo, ya tengo eso ganado para cuando venga la dependencia”, relató. No obstante, el trabajo que están llevando a cabo numerosas comunidades —entre ellas, las Comunidades de Cuidados— pone de manifiesto que están tratando de hallar soluciones que permitan hacer del cohousing un hogar para toda la vida.

Para ilustrar este punto, Daniel López hizo mención de la experiencia del grupo Can 70 de Barcelona. Esta comunidad se preparó para conseguir suelo público y trabajó con la Administración, en concreto con el Ayuntamiento, para diseñar los cuidados. El consistorio barcelonés tenía interés en “innovar” y contar con un “cohousing sénior donde estén integrados los cuidados”, explicó. En este caso, el desafío era el mismo que vivían los apartamentos con servicios de la ciudad: ¿qué pasa cuando empieza a haber casos de demencias”. En este caso, se ha optado —explicó Lopez— por crear una unidad de convivencia dentro “para que haya continuidad asistencial”. En la comunidad de Can 70, la reflexión en torno a los cuidados tuvo en cuenta la parte formal (apoyo mutuo) y también contempló la integración de servicios. Para conocer con más detalle el caso de Can 70 en relación con la organización de los cuidados, Daniel López invitó a consultar la guía Cures en la convivència con persones grans, editada por Sostre Civic, de la que él es uno de los autores. Por otro lado, Daniel López quiso dejar claro que los cuidados no tienen que ver únicamente con la dependencia. A modo de ejemplo, recordó que la cocina, el comedor comunitario, las comidas… también son cuidados.

Los derechos de las personas mayores, la dignificación del cuidado, la desinstitucionalización y servicios de atención domiciliaria de calidad, claves para hacer posible el cohousing para toda la vida

Daniel López desgranó una serie de desafíos que, en su opinión, debe afrontar el cohousing para poder ser una opción para toda la vida. Todos ellos pasan, en primer lugar, por dignificar el cuidado para “la persona cuidada y la que cuida”. “Hay que hacerlo sostenible para todos”, recalcó, ya que de lo contrario se estará reproduciendo en las comunidades “un modelo que es atroz en los espacios domiciliarios” y citó como ejemplo los bajos salarios o la contratación de personas migrantes en condiciones pésimas. En segundo lugar, valoró el hecho de que “empieza a haber una apuesta por la desinstitucionalización”, en referencia a la Estrategia que está poniendo en marcha el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. “Sin desinstitucionalización, no es posible hacer esto”, subrayó. Por otro lado, es importante que existan servicios de atención domiciliaria de calidad. Para ilustrarlo, volvió a citar el caso de Dinamarca. Allí, tanto “si vives en un piso o en un cohousing, tienes el mismo derecho y tienes que recibir la misma atención, los mismos servicios”, señaló. Finalmente, reivindicó el marco de los derechos humanos de las personas mayores —tal y como llevan haciendo durante años en el mundo de la discapacidad— para combatir el edadismo y lograr que se reconozca y se pueda ejercer “el derecho a decidir cómo quieres vivir, cómo quieres morir, ser cuidado. Vivimos en una cultura muy medicalizada y muy paternalista, sobre todo con la cuestión del envejecimiento. Y esto tiene que cambiar”.

En cuanto a los retos más específicos de las viviendas colaborativas para toda la vida, Daniel López destacó los siguientes:

• Asegurar la continuidad asistencial y la sostenibilidad de los cuidados. Para ello, “es necesario construir una infraestructura social no solo pensando en pasarlo bien, en tener relaciones sociales… sino también pensando en los cuidados y esto pasa por anticipar necesidades”. Este ejercicio de anticipación ha de hacerse de manera realista y “establecer consensos y compromisos colectivos sobre cómo queremos que sean los cuidados”. En el caso antes mencionado de Can 70 esto se abordó partiendo de los límites: “qué no queremos que pase o qué no estamos dispuestos a hacer”.
• Delimitar responsabilidades. Daniel López recurrió al ejemplo danés para distinguir apoyo mutuo y cuidados y cómo esta concepción es diferente del contexto español. En aquel país los cuidados son competencia de los servicios públicos y ven “como un abuso hacia el vecino” cargarle con esa responsabilidad.
• Aglutinar conocimientos y experiencia disponible. Como ocurre en el proceso de construcción del espacio físico, para organizar los cuidados es necesaria una ingente tarea de información, organización en comisiones de trabajo, elaboración de un plan económico para definir cómo se van a costear los cuidados y en qué medida se recurrirá exclusivamente a los servicios públicos o a fórmulas mancomunadas..
• Modificar el marco regulatorio. En este ámbito, señaló, se han producido avances tales como “incluir el cohousing en los servicios sociales”.
• Cambiar la infraestructura física: disponer de espacios flexibles y tecnologías adaptadas a los cuidados.
• Atender a la intergeneracionalidad y al relevo generacional en la gobernanza. Es necesario que haya rotación, que entren personas nuevas, más jóvenes. Algo, como él mismo reconoció, que es complicado, porque las personas que han diseñado una comunidad a su medida pueden no aceptar de buen grado que las nuevas incorporaciones quieran hacer cambios. En este sentido, Daniel López abogó por asegurar la sostenibilidad del cohousing a largo plazo y especialmente su carácter autogestionado, ya que la experiencia demuestra que este tipo de conflictos suelen llevar a delegar en los profesionales, desdibujando la naturaleza misma del proyecto.
• Lograr una infraestructura física que no esté centrada en el trabajador y en la optimización de los trabajos de cuidados, que es lo que pasa en las residencias. Es necesario, señaló este experto, que el diseño esté “centrado en la vida cotidiana del residente, las actividades, la sociabilidad”. De ello depende, en su opinión, que se incorpore “gente más joven” y no únicamente quienes solo necesiten cuidados.
• Mejorar la investigación de la mano de las cooperativas, con procesos participativos, para generar modelos más adaptados y realistas y aprovechar el caudal de conocimiento que atesoran. En lugar de inspirarnos en modelos internacionales, es necesario construir proyectos a partir de realidades de nuestro contexto que, especialmente en materia de cuidados, es bastante diferente al de otros países. En lo que respecta al realismo, Daniel López abogó por “ir más allá del wishful thinking [pensamiento ilusorio], porque muchas de las cosas que hacemos las hacemos por convicción y lo que hay que hacer es ver si funcionan realmente”.

Daniel López terminó su ponencia elogiando el enfoque de trabajo de Comunidades de Cuidados. Lamentó que la tendencia a sectorizar (mayores por un lado, discapacidad por otro, el sector profesional por su lado) dificulte que se lleven a cabo “análisis comparados e intersectoriales entre iniciativas de desinstitucionalización para ver si podemos aprender unas de otras”. Así, en defensa de este modelo de investigación, lanzó estas preguntas al auditorio: “¿Qué pasa si comparamos cohousing con comunidades rurales? ¿Cohousing con pisos con servicios?”.

Jorge Toledo presentó los primeros resultados del informe comparativo de normativas de las cinco Comunidades Autónomas que, hasta el momento, han regulado en normativas de servicios sociales aspectos relativos al cohousing o viviendas colaborativas. Según el autor del informe, encargado por el proyecto Comunidades de Cuidados*, el marco normativo se caracteriza por ser flexible y muy similar, ya que las autoridades autonómicas toman como modelo los textos ya publicados por otras y esto hace que se reproduzcan —con distintos matices— los mismos principios, ideas o requisitos.

Con cada nueva normativa, aseguró, se están “creando referentes” sobre cómo regular el cohousing, algo que interesa a los Gobiernos autonómicos por tratarse de “una forma de vida que, de alguna manera, va a permitir a la Administración proporcionar los servicios o hacer efectivos los derechos de las personas de una manera más eficiente porque las personas están ya autoorganizándose y promoviendo proyectos en los que se cuidan a sí mismas”.

Desde el punto de vista de las cooperativas de cohousing su regulación en el ámbito de los servicios sociales tiene cuatro grandes implicaciones:

• Encaje urbanístico distinto (por ejemplo, que se pueda construir sobre suelo dotacional).
• Mayor claridad sobre el acceso a ayudas públicas en relación con los cuidados (como las destinadas a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia).
• Mayor claridad sobre el acceso a los servicios públicos, tanto si son los mismos que para personas que viven en un domicilio convencional como si son diferentes.
• Supervisión pública del cumplimiento de los derechos a los cuidados de quienes residen en un cohousing en caso de que el cohousing quiera formar parte del encaje institucional del modelo de cuidados. 

Aspectos fundamentales de la normativa autonómica de servicios sociales en relación con el cohousing

Hasta el momento, cinco Comunidades autónomas han elaborado normativa de distinto rango para regular el cohousing o viviendas colaborativas en el ámbito de sus servicios sociales. Asturias fue la primera en 2019, Navarra le siguió en 2020, Madrid y Galicia en 2021, pasada la pandemia y, finalmente, la Comunidad Valenciana ha aprobado este año un nuevo Decreto de Servicios Sociales que contempla las viviendas colaborativas. Según indicó Jorge Toledo, Baleares también se plantea regular el modelo.

El autor del informe comparativo sintetizó sus principales hallazgos en torno a distintos aspectos: tipología de la regulación, formas de autorización, valores o principios en los que se basa y, en lo que respecta al modelo en sí mismo, repasó los distintos requisitos, formas jurídicas contempladas o formas de acceso a las viviendas colaborativas fijadas en las respectivas normativas, con la edad como uno de los elementos a tener en cuenta, no en vano la Administración ve en este modelo una alternativa a las residencias tradicionales y precisa de criterios objetivos para diferenciarlas de una vivienda convencional (además de ciertas características, la edad de quienes viven ahí).

Características propias de la normativa

Las cinco autonomías analizadas han utilizado diferentes tipos legislativos para situar a las viviendas colaborativas (término que se va imponiendo) en el ámbito de los servicios sociales: un criterio interpretativo en el caso de Asturias, dos decretos (Navarra y Comunidad Valenciana), una resolución (Comunidad de Madrid) y una orden (Galicia). La mayoría de ellas se han apoyado en legislación previa para encajar el cohousing o viviendas colaborativas. En el caso de Navarra y Galicia han modificado la normativa existente para crear una nueva tipología, mientras que la Comunidad Valenciana ha optado por una normativa de servicios sociales que deroga las anteriores.

Excepto en la Comunidad Valenciana, que contempla la necesidad de inscribirse en un registro para que puedan tener constancia de todos los proyectos de viviendas colaborativas, el resto de autonomías prevén un proceso de autorización (y acreditación, en el caso de Asturias) similar al que debe llevar a cabo una residencia u otro tipo de centro.

Las cinco normativas objeto de esta comparativa comparten también muchos de los principios o valores que caracterizan el cohousing o viviendas colaborativas, sin que se aprecie un patrón claro por el cual se elijan o se prioricen unos sobre otros:

• Respeto a la vida privada, libre voluntad e iniciativa.
• Solidaridad interna, ayuda mutua, colaboración, cooperación, amistad.
• Impulso de la vida en comunidad.
• Vida activa, social y saludable, envejecimiento activo, promoción de la autonomía y la independencia, atención integral y centrada en la persona.
• Participación, democracia, transparencia.
• Equidad, igualdad, no discriminación.
• Autogestión, autopromoción, autorresponsabilidad.
• Relación con el entorno, solidaridad con la sociedad.

Características del modelo de vivienda colaborativa que establece cada normativa

Como expuso Jorge Toledo, en general, el marco normativo es flexible (o ambiguo, según se mire) respecto a los requisitos que determinan lo que cada Administración considera una vivienda colaborativa susceptible de estar integrada en su sistema de servicios sociales.

• Forma jurídica y ánimo de lucro: las autonomías no establecen una forma jurídica determinada. Madrid (donde se hace mención a la economía social sin descartar otras personalidades jurídicas) y Galicia dejan abierta la posibilidad de que no sean entidades sin ánimo de lucro. En el caso de la Comunidad Valenciana, el decreto no establece nada en este punto, sin embargo, la Ley 3/2023, de 13 de abril, de Viviendas Colaborativas —la única ley a nivel estatal en esta materia— aprobada poco después del decreto, delimita expresamente que las viviendas colaborativas han de ser cooperativas o asociaciones sin ánimo de lucro.
• Acceso al alojamiento: las normativas autonómicas analizadas permiten cualquier instrumento válido en derecho (propiedad, alquiler, etc.). Navarra establece que no debe haber división horizontal y en Madrid se habla de “derecho de usufructo o habitación”, especificando que no debe haber propiedad individualizada de cada vivienda o alojamiento. En la Comunidad Valenciana, es la Ley de Viviendas Colaborativas regula claramente el régimen de cesión de uso como elemento definitorio del modelo.
• Requisitos personales: la edad de quienes integran un cohousing es uno de los elementos que se repiten en las normativas autonómicas comparadas por Jorge Toledo. Una “simplificación de la realidad social” que, salvo en Asturias —donde se apunta a un modelo intergeneracional al no mencionar la edad como criterio a tener en cuenta— sí que se prevé unos límites o porcentajes de personas mayores para que este modelo se considere parte de los servicios sociales. En todo caso, se aprecia que todas ellas tratan de flexibilizar el concepto de persona mayor. La normativa navarra habla de “mayores o principalmente mayores”; Madrid establece que el 50 % de las personas esté en edad de jubilación, pero permiten hasta un 50 % sean menores de esa edad. En Galicia establecen una edad mínima de 55 años, al tiempo que permiten hasta un 50 % menores de esa edad. La Comunidad Valenciana fija que la mitad de las personas deben ser mayores de 60 años, tener alguna discapacidad o pertenecer a colectivos vulnerables.
• Sistemas de apoyos. Este es el aspecto “más interesante de estas normativas”, señaló Toledo, en virtud del cual se prevén dos sistemas de apoyos. El primero de ellos consiste en la recepción individualizada de prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un derecho que estas regulaciones “reconocen claramente”. Además, prevén que se pueda adoptar un “sistema de cuidados comunes permanentes a cargo de profesionales” vinculados a cada cohousing o vivienda colaborativa; en algunos casos —Asturias, Madrid y Galicia—prevén que a partir de un 25 % de personas con un grado de dependencia II o III se active este sistema de cuidados que está sujeto a las ratios y otros requisitos exigidos en las residencias tradicionales.
• Otros aspectos: las normativas objeto de esta comparativa prevén una regulación más flexible que la de las residencias tradicionales en relación con las condiciones arquitectónicas (tipos de espacios, medidas de habitabilidad, accesibilidad, etc.) y organizativo-funcionales (principios generales de funcionamiento teniendo en cuenta que se les considera alojamientos para toda la vida —tal y como recogen algunos textos explícitamente—, ratios de personal, etc.).

*El informe completo se publicará en la web de comunidades de cuidados (sección Publicaciones).

Al hilo de la petición de José Pineda, representante de la cooperativa Abante Jubilar Sevilla, para que les facilitara algunas ideas en relación con su estrategia de cuidados, Daniel López expresó su temor a que, en lo relacionado con el cohousing, la idea de los cuidados se limite a los cuidados vinculados con la dependencia cuando, a su juicio, lo que hay que hacer es “ampliar el concepto de los cuidados” para contemplar también el apoyo social, los trabajos domiciliarios, etc., aspectos que son muy importantes en términos de calidad de vida.

Ilustró su argumento nuevamente con un ejemplo danés: si una persona con demencia que no tiene un comportamiento disruptivo y cuenta con apoyo domiciliario, sigue viviendo en el cohousing. Sin embargo, también advirtió de que, en caso de que la cooperativa no pueda afrontar situaciones de este tipo, es necesario poner límites en relación con “la responsabilidad que la comunidad puede asumir” y recomendó “ser realistas en eso y no vivir como un fracaso que alguien se vaya, porque lo que tiene que haber son alternativas. Pensar que es un fracaso es pensar que el cohousing lo tiene que solucionar todo y no, lo que tiene que pasar es que haya cohousing y haya otro tipo de equipamientos que sean mejores que los que tenemos” en caso de que se necesiten entornos y apoyos distintos.

En esta misma línea, López recomendó a las comunidades que están comenzando “no poner tanta presión, ser modestos” y advirtió de que asumir “que el cohousing sea la solución a lo asistencial desde los cuidados tiene muchos riesgos”. En su opinión “en el caso del cohousing la cuestión central es la soledad, las relaciones sociales”. Dado que la soledad no deseada es un problema social y político de gran calado, que incide en aspectos de salud física y mental (también en el caso de las demencias), desde su punto de vista debe ser el elemento central, el valor fundamental del cohousing que hacer valer en el diálogo con la Administración.  

Interlocución ante las Administraciones

Mercedes López, de La Corrala de Rivas, preguntó a Javier Blanco en qué punto está la negociación de ayudas con las Administraciones y cuál es la predisposición que han detectado en ellas. Blanco se mostró confiado en que los avances conseguidos hasta el momento se materializarán en ayudas, aunque admitió que el problema va a ser “el tiempo, los plazos”. En su opinión, en los territorios donde los grupos se han desarrollado más, donde ha habido una base social más estructurada, se ha conseguido y citó el ejemplo concreto de Cataluña. A renglón seguido, valoró los progresos de los últimos cuatro años, como por ejemplo los recursos del Plan Estatal de Vivienda, “aunque hay casos como el de la Comunidad de Madrid —precisó—, que no los están aprovechando”.

En relación con la labor de REAS de interlocución con los partidos políticos, Javier Blanco señaló que con motivo de las elecciones del 28 de mayo se habían reunido y facilitado dosieres a las formaciones (con la excepción de Vox), haciéndoles ver que ya hay material a partir del cual trabajar, como pliegos que se pueden adaptar a cada contexto autonómico o local. Según explicó, todos los grupos habían mostrado mucho interés y compromiso, por lo cual, una vez pasadas las elecciones, tenían pendiente reunirse con las instituciones ya constituidas. “Es importante —subrayó— que logremos generar muchas sinergias, hacer lobby, una labor muy didáctica ante las Administraciones. Es posible y yo creo que lo estamos consiguiendo”.

Los límites etarios, “la pregunta del millón”

Esther Rodríguez, de la cooperativa madrileña Ad Petrum, preguntó a Daniel López si, de acuerdo con sus investigaciones conviene tener en cuenta distintos rangos etarios en la admisión de socias y socios, si conviene que entre gente más joven “para que no lleguemos todos a la edad en la que es habitual la dependencia” y si hay ejemplos de cómo se ha gestionado esto.

Tras admitir que esta “es la pregunta del millón”, explicó que, en su opinión, más que con la edad, “los cuidados tienen que ver con la salud. El envejecimiento saludable es la idea según la cual, si tú te cuidas, llegarás a más edad y el tiempo de dependencia será muy corto”, al tiempo que advirtió de la tendencia de los grupos “a pensarse como estados”, aplicando directamente los estudios poblacionales existentes y estableciendo los límites de edad de acuerdo con las edades medias en las que empieza la dependencia. Sin embargo, advirtió “en una pequeña escala de una comunidad es posible que eso no funcione, que haya gente que muera antes, que todos esos cuidados no sean necesarios. La fórmula mágica no existe porque hay que aplicarla a una comunidad y porque lo que manda no es la edad”.

Asimismo, recomendó pensar en términos de diversidad y no caer en estereotipos edadistas y reduccionistas: “¿Queremos envejecer en una comunidad donde todos tengamos la misma edad?”, preguntó. A su juicio, la edad “sirve para gestionar recursos como hacen los Estados, pero no sé hasta qué punto es trasladable directamente a esa pregunta o si hay que preguntarse qué tipo de vida en comunidad vamos a tener, cómo sería la vida cotidiana”.

Con la experiencia de casi una década de convivencia a sus espaldas, Jaime Moreno de Trabensol explicó que en el grupo tienen edades muy parecidas y cambiaron los criterios, de forma que ahora pueden entrar personas entre los 50 y los 70 años. El grupo inicial, señaló, “hemos pasado de los 80” y ahora el gran reto que tenemos es la sustitución de la ayuda mutua por una ayuda especializada.

Entre los asistentes a la jornada vía streaming, hubo algún comentario relativo a la creación de algún centro de día dentro de la propia comunidad, combinando cierta institucionalidad y flexibilidad de los espacios. Otra pregunta que despertó interés fue el efecto que tienen los tiempos tan largos de creación de los grupos, en qué medida esto supone un freno o una fuente de desánimo. En opinión de Daniel López, el efecto es ambivalente: hay quien se descuelga porque necesita algo muy rápido y, en cambio, otra gente porque aunque se puede poner en marcha rápidamente, esto suponte tomar un montón de decisiones sin que conozcamos bien al grupo, por lo cual esa rapidez que parece ser una ventaja “se convierte en un inconveniente”. “Diez años es una barbaridad, pero asimilar más tiempo a más cansancio, más problemas, no es siempre así”, resumió. En la misma línea se pronunció Javier Blanco que, aunque admitió que se producen muchos abandonos en estos procesos tan largos, también señaló que “parece una locura” que un grupo de este tipo se conforme en un año. Blanco se mostró partidario de sentar las bases que permitan “ir a tiempos intermedios que no sean forzados por imposibilidades o impedimentos prácticos, que los tiempos los pueda ir gobernando el propio grupo, eso sería lo ideal”.

Uno de los mejores exponentes del dinamismo de los distintos colectivos de vivienda es el del cohousing intergeneracional El Ciempiés, de Arucas (Gran Canaria). José Miguel Marrero, miembro del Consejo Rector de esta cooperativa, expuso durante el encuentro las claves de los sucesivos logros que han alcanzado, en particular el «trabajo en red» a través de la organización no formal (carece de personalidad jurídica) Vicaco (Viviendas Canarias Colaborativas), una entidad que comenzó a funcionar en 2021 y que «coordina el movimiento de vivienda colaborativa en Canarias».

La Red Vicaco ejerce como lobby no para presionar, sino para «informar y lograr la colaboración» de las Administraciones, «difundir este modelo de vivienda y compartir información y recursos entre los distintos colectivos que la conformamos». La metodología de funcionamiento es el trabajo «por hitos» o por proyectos (preparación de leyes, convocatorias, etc.), de forma «muy operativa y muy ágil», organizándose mediante comisiones de trabajo.

En su relación con las Administraciones, el representante de El Ciempiés destacó que, «a pesar de ser una red no formal, ninguna entidad pública nos ha cuestionado nuestra representatividad como movimiento, como representantes del movimiento de vivienda colaborativa canaria».

El coloquio se centró en las diferencias entre el modelo de cohousing o viviendas colaborativas respecto de las residencias tradicionales en cuanto a su encaje en el sistema público de servicios sociales de atención a la dependencia, así como en la oportunidad que supone la regulación del modelo para definir mejor su naturaleza y la relación entre lo público, lo privado y lo comunitario.

En relación con las exigencias normativas a las comunidades que se ubiquen en suelo público y su inclusión en el sistema público de cuidados de larga duración, desde el movimiento de cohousing o vivienda colaborativa, José Miguel Marrero de la cooperativa El Ciempiés intervino para marcar diferencias entre el cohousing y las residencias porque, a su juicio, “no podemos dar las mismas soluciones a problemas nuevos. Somos proyectos nuevos y tenemos que dar soluciones nuevas, no se nos puede ver con el mismo prisma que se ha visto para la dependencia, las residencias y todos los servicios para la dependencia”. Desde su punto de vista, el cohousing no es una alternativa a las residencias, sino «otro recurso completamente diferente».

Javier del Monte cerró la jornada compartiendo algunas de las ideas que fueron surgiendo en las distintas ponencias al hilo de la hipótesis del proyecto Comunidades de Cuidados en su línea de trabajo de impulso al cohousing para toda la vida: que es posible vivir en el cohousing incluso cuando se dan grandes necesidades de apoyo y cuidados.

Otro de los aspectos destacados es la importancia de la economía social y del modelo de cesión de uso que combina las ventajas de la propiedad y el alquiler, en torno al que se plantean dos retos: la necesidad de mejorar asequibilidad económica y reducir los tiempos de desarrollo de los proyectos (que se mantiene en una media de diez años pese a la experiencia acumulada hasta el momento).

La necesidad de contemplar las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de participar en un cohousing con perspectiva de género, de trabajar desde un enfoque de derechos en el ámbito de los cuidados en el cohousing y el reto de evitar modelos institucionales de cuidados (y convertirse así en algo muy parecido a una residencia, que es lo que precisamente se quiere evitar) son otras ideas planteadas en la jornada.

Durante la jornada quedó de manifiesto que falta investigación orientada a generar modelos adaptados a nuestro entorno y a comprobar con realismo si funcionan en relación con otros modelos.

En relación con la normativa y la comparativa de las regulaciones autonómicas que se están aprobando para regular el cohousing o viviendas colaborativas, se ha planteado la cuestión de cuándo una serie de viviendas colaborativas es un bien de utilidad social y en qué medida la regulación puede apartar al cohousing de su esencia, dado que un cohousing no es una residencia.

En la mesa con las Administraciones surgieron algunas ideas ambivalentes y que pueden dar pie al debate. Por ejemplo, una ventaja de contar con marcos normativos es que el Ayuntamiento de Madrid pueda ceder tres parcelas para la construcción de cohousing.

Por parte de los cohusing que ya están conviviendo, se han aportado algunas realidades, como que pueden darse casos en los que ante determinadas situaciones de dependencia, no se puede seguir viviendo en el cohousing.

En varios momentos a lo largo de la jornada se ha señalado la condición de experimento o laboratorio social del cohousing, lo que permite imaginar nuevos escenarios para los cuidados de larga duración, contemplando además que quienes viven en un cohousing tienen derecho a los apoyos que prevé la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Algunas cooperativas han planteado sus experiencias de incidencia política para cambiar normativas y colaborar con las Administraciones. Algunas claves de éxito en este ámbito son el trabajo en red, una actitud proactiva y el planteamiento de problemas concretos y soluciones concretas.

Las comunidades han destacado la importancia de contar con metodologías para la participación, con modelos concretos de gobernanza y con roles capacitados para la facilitación en el proceso de construcción de un cohousing. A nivel filosófico, este tipo de comunidades intencionales apuestan por pasar del envejecimiento activo al envejecimiento activista para reivindicar que lo importante no es estar vivos sino vivir.

Javier del Monte despidió la sesión agradeciendo la participación a las personas asistentes en la sala y vía streaming y emplazándolas a la siguiente jornada de encuentro de Comunidades de Cuidados, un proyecto que finalizará en diciembre de 2024.