Tras más de un año de trabajo en las comunidades de cuidados de Fresnedillas de la Oliva, Maranchón y Muñoveros, la coordinadora del proyecto en estos pueblos comparte en una entrevista las claves del trabajo desplegado hasta el momento y los retos para lograr que estas comunidades sigan desarrollándose y haciendo posible el deseo expresado por las personas mayores de vivir en su casa y en su pueblo toda la vida.
Cristina Martín, de la asociación Andecha – Participación y trabajo comunitario, coordina el proyecto Comunidades de Cuidados en tres de los pueblos participantes. En los próximos meses —esta iniciativa piloto concluye su andadura en diciembre de 2024— su trabajo se va a centrar en apoyar distintas iniciativas para hacer posible la continuidad y desarrollo de estas comunidades de cuidados rurales, fundamentalmente para lograr una mayor implicación de los Ayuntamientos y otras Administraciones.
Desde 2022, año de arranque de Comunidades de Cuidados, en Fresnedillas de la Oliva (Comunidad de Madrid), Maranchón (Guadalajara) y Muñoveros (Segovia) se han constituido grupos motores para liderar el proceso. También se han realizado diagnósticos participativos y, a partir de las necesidades detectadas, sus respectivos planes de acción. Desde un primer momento se hizo evidente la brecha entre el deseo mayoritario expresado por las personas mayores de estas localidades de poder permanecer en su casa y en su pueblo y la imposibilidad o dificultad de hacerlo por falta de recursos de proximidad.
«Está instalada la mentalidad de que, como allí vive menos gente no es sostenible para las Administraciones públicas que esas personas cuenten con los mismos recursos. Al final estamos hablando de que tienen menos derechos», señala Cristina Martín. El gran reto, por tanto, es lograr actitudes más proactivas para pensar soluciones «que sean posibles y sostenibles» y, para ello, es determinante promover modelos de gobernanza público-social de los recursos de cuidados de larga duración.
Las experiencias piloto en estos pueblos permiten apreciar ciertos cambios en esta mentalidad «en el sentido de que se está hablando públicamente de todo esto y se está planteando ir involucrando a los distintos planos de las Administraciones públicas y a la propia población en pensar soluciones». Además, Cristina Martín también ha observado un cambio en los ayuntamientos como las Administraciones más próximas que tienen que asumir mayor «corresponsabilidad en la gestión de los servicios de cuidados» junto con los gobiernos autonómicos.
El modelo de gobernanza público-social en las experiencias piloto en Fresnedillas, Maranchón y Muñoveros, se basa en el trabajo conjunto de la población (a través de grupos motores creados ad hoc y de las asociaciones existentes) y las instituciones (ayuntamientos). Los grupos motores que se han constituido «específicamente para pensar en servicios de apoyo y cuidado en materia de envejecimiento y dependencia», destaca Martín, favorecen que se ponga el foco en necesidades y soluciones concretas para las personas mayores.
La experiencia está demostrando que la existencia de un tejido asociativo activo y una cultura comunitaria arraigada en los territorios favorece que estas iniciativas avancen más rápidamente y, allí donde esto no existe o no es muy fuerte, es necesario trabajar en la consolidación de asociaciones vecinales capaces de articular las necesidades y demandas de la población y de coordinar soluciones de la mano de los ayuntamientos, otros niveles de la Administración y diversos agentes sociales.
Comunidades de cuidados rurales: un modelo replicable
La representante de Andecha, una de las asociaciones que impulsan el proyecto Comunidades de Cuidados junto a la Asociación Jubilares y la Unión Democrática de Pensionistas, considera que la experiencia de estas localidades es perfectamente replicable en otros pueblos para lograr que las personas mayores puedan seguir viviendo en su entorno.
Con este fin, el proyecto ha contratado personal especializado y puesto en marcha distintos tipos de actividades, unas de carácter sociosanitario (terapia ocupacional, fisioterapia, psicología, podología, etc.) y otras destinadas a la dinamización de nuevos espacios de socialización y encuentro y de ocio significativo.
Una vez en marcha estas iniciativas y comprobado el interés y la necesidad de que continúen, el objetivo de cara a los próximos meses es obtener la financiación necesaria y sostenible en el tiempo que permita no solo mantener, sino seguir desarrollando estos recursos de apoyo y cuidados. Y es que, a la espera de los datos más precisos que arrojará la evaluación, ya se ha constatado que las personas mayores beneficiarias no solo han podido mantener sus capacidades funcionales, sino que algunas han experimentado mejoras en su grado de autonomía para desempeñar las actividades de la vida cotidiana.
«Están haciéndose conscientes de que es necesario prevenir y plantearnos qué tipos de cuidados queremos y cómo podemos conseguir tener esos cuidados en nuestro pueblo o en el lugar más cercano posible», destaca Cristina Martín.
En el primer semestre de 2024 se irá cerrando «la parte experimental», es decir, las actividades puestas en marcha a cargo del proyecto y, de manera paralela y progresiva, se trabajará en la formación y el apoyo a los grupos motores y los ayuntamientos para lograr su sostenibilidad. Además, dado que Comunidades de Cuidados forma parte de una iniciativa estatal para avanzar hacia nuevos modelos de cuidados de larga duración que prevengan y eviten la institucionalización de las personas mayores, el equipo técnico del proyecto también va a desarrollar una labor de evaluación, sistematización y transferencia del conocimiento adquirido en estos pueblos con el propósito de ofrecer orientaciones de política pública.
Recursos de proximidad insuficientes y centralizados para prevenir y atender situaciones de dependencia y falta de transporte adecuado, principales desafíos del ámbito rural en materia de cuidados de larga duración
A la espera de las conclusiones de ese trabajo de sistematización, a juicio de Cristina Martín, la experiencia en Fresnedillas de la Oliva, Maranchón y Muñoveros ha puesto sobre la mesa que los recursos de atención a la dependencia contemplados en la ley son insuficientes y generalmente no llegan a los pueblos más pequeños con la intensidad adecuada para poder dar respuesta a las necesidades de la población de edad más avanzada. Servicios como la ayuda a domicilio, centros de día, comidas a domicilio y otros como la terapia ocupacional o la fisioterapia, fundamentales para prevenir o ralentizar capacidades funcionales básicas para el día a día y favorecer la permanencia en el propio hogar, deberían ampliarse y llegar a más localidades.
La falta de alternativas al vehículo privado es otro gran problema para las personas de edad avanzada que viven en los pueblos. Cuestiones básicas como hacer la compra o ir al médico se convierten en un problema para el que tienen que recurrir frecuentemente a familiares (cuando o si los tienen cerca) y en una barrera más para plantearse siquiera la conveniencia de seguir viviendo allí.
«Otra problemática es cuando desaparece o mengua la red familiar o social o vecinal y esto sucede en los núcleos de población más pequeños», subraya Cristina Martín. La ausencia de una red de apoyos genera, en último término, sentimientos y situaciones reales de inseguridad que obstaculizan pensar en la propia casa y en el propio pueblo como lugares óptimos para envejecer. Así pues, el cuidado de las personas y de los territorios con criterios de equidad emerge como uno de los desafíos políticos más importantes para garantizar la igualdad efectiva de derechos.
