El proyecto Comunidades de Cuidados publica el informe Las viviendas colaborativas en los servicios sociales: comparativa de normativa autonómica, elaborado por Jorge Toledo, técnico experto en la facilitación de procesos de cohousing
El informe Las viviendas colaborativas en los servicios sociales: comparativa de normativa autonómica, elaborado a instancias del proyecto Comunidades de Cuidados, sintetiza los puntos principales de las normativas vigentes y aspira a ser una herramienta que facilite su interpretación y “la elaboración de nuevas y mejores regulaciones”.
La aprobación en los últimos años de distintas normativas sobre el cohousing o viviendas colaborativas muestra el creciente interés de las Administraciones autonómicas por este modelo, en gran medida por su potencial como alternativa para las personas mayores. Este interés se traduce en normativas similares, que encuadran este modelo de vivienda en el ámbito de los servicios sociales y también con matices distintos en cuanto a su naturaleza no lucrativa.
El informe compara la regulación aprobada por Asturias —comunidad pionera y cuya normativa ha inspirado al resto—, Navarra, Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares basándose en distintos parámetros: nombre, encuadre jurídico, forma de autorización, definición de los valores del modelo (y su contribución o no a preservarlo), requisitos y determinación del colectivo residente, tipos de sistemas de apoyo y, finalmente, tanto las condiciones materiales y arquitectónicas como las condiciones organizativo-funcionales.
Como respuesta a los cambios sociodemográficos y a la creciente longevidad de la población, la mayoría de las autonomías han optado por regular el modelo sénior, aunque con elementos que otorgan distinto grado de flexibilidad en cuanto a las edades. En este aspecto, Asturias hace una apuesta diferenciada, ya que la norma “habla explícitamente de viviendas colaborativas intergeneracionales y además presenta esa característica como un valor”. Resulta especialmente llamativo que, pese a que la regulación asturiana ha inspirado claramente al resto, este aspecto no se ha reproducido en ningún otro texto legal.
Por su parte, la Comunidad Valenciana introduce “un matiz interesante”, al dejar “abierta la posibilidad de que las viviendas colaborativas sean consideradas parte de los servicios sociales no solamente si van dirigidas a personas mayores, sino también a otros colectivos vulnerables”. El autor del informe considera que “esto puede ser una oportunidad de que el modelo se adapte para dar respuesta a otras necesidades de la sociedad”.
El autor deja claro que nos hallamos en “un ámbito todavía emergente” y admite que “para valorar el grado de acierto y oportunidad habrá que esperar a ver estas normativas en acción y aplicadas a proyectos concretos”, sin embargo, considera que el análisis de estos parámetros puede ser útil “para personas o entidades que quieran desarrollar proyectos de este tipo o incidir en su regulación en otros territorios”.
El informe completo está disponible en nuestra sección de publicaciones