«Si no hay apoyo desde lo público será imposible que este tipo de alternativas lleguen a todo el mundo»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, visitó el pasado viernes 14 de abril la finca de Torrelodones (Madrid) en la que próximamente comenzará la construcción del Jubilar Villa Rosita para conocer los avances en la creación de una estrategia de apoyo muto y cocuidado en las cooperativas de cohousing que participan en el proyecto Comunidades de Cuidados.

En el encuentro con socias y socios de Villa Rosita, la ministra manifestó el compromiso del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con un nuevo modelo de cuidados de larga duración y valoró la aportación de iniciativas como Comunidades de Cuidados: «Esa retroalimentación que nos dais desde la innovación social es muy importante para la Administración. La Administración siempre va por detrás. Es la sociedad organizada la que va por delante. Sois la vanguardia. Espero que tengamos la suficiente visión estratégica como para que lo que hacéis no sea la excepción, sino la norma».

En línea con esta idea, Ione Belarra trasladó a Villa Rosita —que en este acto representaba a las siete cooperativas de cohousing de Comunidades de Cuidados— una pregunta: «¿Cómo podemos ayudar desde lo público para que [el modelo de cohousing] sea más factible?».

Las socias y socios del Jubilar Villa Rosita informaron a la ministra de las dificultades habituales con las que se topan los cohousing, como el tiempo que se requiere para conformar una cooperativa de estas características y los obstáculos burocráticos derivados del desconocimiento y la falta de encaje legal de este tipo de entidades. «Nos han tasado como una residencia de ancianos, porque el cohousing no está contemplado. De las 17 comunidades autónomas, solo cinco han incluido en la normativa las viviendas colaborativas y con pocos recursos», destacaron.

En relación con los cuidados, desde Villa Rosita reivindicaron su apuesta por una «vejez activa, acompañada y autónoma», a diferencia de lo que sucede en las residencias tradicionales, en las que a las personas mayores «se les quita la autonomía».

En el encuentro con la ministra también participaron representantes de las tres entidades promotoras del proyecto Comunidades de Cuidados: la Asociación Jubilares, Andecha Participación y Trabajo Comunitario y La Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.

El coordinador del proyecto, Javier del Monte, enumeró algunos de los principios esenciales del cohousing: autogestión, autopromoción y valores de solidaridad. «No es una residencia low cost ni un proyecto inmobiliario. El estilo de vida es la clave», subrayó.

Del Monte transmitió a la ministra y a su equipo la necesidad de acometer cambios en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LAPAD) para lograr que los «servicios sociales tengan más flexibilidad y lleguen a comunidades como estas», contemplando la posibilidad de colectivizar los recursos disponibles.

Lourdes Bermejo, coordinadora de la línea de trabajo de Comunidades de Cuidados dedicada a apoyar a las cooperativas de cohousing a desarrollar sus propias estrategias de cuidado, coincidió al señalar que las limitaciones en la cartera de servicios contemplados en esta Ley suponen un obstáculo añadido en el proceso de consolidación de estas cooperativas —ya de por sí complejo, como corresponde a cualquier iniciativa autogestionada— y, en particular, a las posibilidades de gestionar adecuadamente la convivencia cuando existen necesidades de apoyos.

El cohousing: un recurso comunitario y una oportunidad para optimizar los servicios públicos

Junto a las demandas de un mayor apoyo institucional para el cohousing, distintas voces recordaron que un cohousing «es un recurso para la comunidad», que genera espacios de encuentro y propuestas que dinamizan la vida del barrio y la población en la que radican.

El Jubilar Villa Rosita fue el escenario elegido para esta visita institucional debido a su proximidad a Madrid, pero en el encuentro también se hicieron presentes las otra seis cooperativas de cohousing situadas en distintos puntos del Estado que participan en la línea de trabajo de impulso al cohousing de Comunidades de Cuidados.

Así se lo trasladaron a la ministra y a su equipo los y las responsables del proyecto Comunidades de Cuidados, que aprovecharon esta ocasión para entregar a la titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 varias cartas de estas cooperativas en las que formulaban reivindicaciones concretas para remover los obstáculos que dificultan su desarrollo y extensión a nuevas capas sociales, reivindicaciones ligadas tanto al modelo inmobiliario imperante como el de servicios sociales.

En sus misivas, estas cooperativas destacaron —entre otros aspectos— que los proyectos de cohousing «no tratan solamente de acceso asequible y no especulativo a la vivienda. También tocan y transforman mil aspectos del día día de las personas en sus hogares: la energía, las comunicaciones, la alimentación, la educación, la salud y los cuidados, la prevención y el envejecimiento activo, la igualdad y la inclusión social, el consumo responsable y la ecología, y, en definitiva, la creación de mejores entornos para la vida».

También reclamaron «normativas legales, fiscales, urbanísticas y financieras adecuadas, que faciliten el desarrollo y construcción de viviendas colaborativas».

Respecto a los cuidados, reclamaron «que los apoyos y servicios públicos puedan darse de forma centrada en las personas y en sus comunidades, con más flexibilidad y autonomía para éstas, y más facilidad y eficiencia para la propia Administración».

Comunidades de Cuidados en el entorno rural

En la visita institucional al Jubilar Villa Rosita participaron también representantes de la línea de trabajo de Comunidades de Cuidados dedicada a tejer redes de apoyos en poblaciones del ámbito rural, que aprovecharon la presencia de la ministra para transmitirle los objetivos de las actuaciones en los seis municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Extremadura en los que se está desarrollando.

Cristina Martín, de Andecha, destacó que su labor intenta generar una «comunidad más extensa», acompañando proyectos de «vida con sentido» y haciendo posible que las personas mayores reciban los apoyos que necesitan para que puedan permanecer en su casa y su entorno el mayor tiempo posible.

Por su parte, Cristina Rodríguez Porrero, de UDP, subrayó que esta línea de trabajo genera beneficios para los territorios en los que se despliega, promoviendo el «intercambio generacional» y haciendo frente a fenómenos tan devastadores como la despoblación.

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